El coche, como instrumento del delito, queda intervenido y a disposición del Juez Instructor. El final del vehículo en cuestión será pasar a subasta pública al cabo de varios años; con el dinero de la cual, el penado cubrirá en parte la cuantía económica que se determine, en concepto de multa o indemnización, a parte del tiempo de privación de libertad que se le imponga. Eso en el caso de que sea de su propiedad.
Ahora viene la segunda parte. Por un lado el valor que pierde el coche por el destrozo, en la subasta. O que por ejemplo sea de una tercera persona de buena fé, a la que el Estado tendría que pagarle los daños.
A lo mejor le resulta más costoso al Estado poner un mecánico, que los daños ocasionados para registrar el coche.
Planteo estas cuestiones desde la ignorancia y la duda.
